ASF detecta más de 65 mil millones de pesos por aclarar en el último año del gobierno de AMLO

Ciudad de México. — La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que en la fiscalización de la Cuenta Pública 2024, correspondiente al último año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se detectaron irregularidades por más de 65 mil millones de pesos que permanecen pendientes de aclaración.

De acuerdo con el informe presentado ante la Cámara de Diputados, el monto corresponde a observaciones derivadas de más de dos mil auditorías practicadas a dependencias federales, entidades públicas, órganos autónomos y gobiernos estatales y municipales.

La ASF precisó que los recursos observados no constituyen necesariamente desvíos definitivos, sino montos que deben ser justificados, comprobados o, en su caso, reintegrados. Hasta ahora, se han recuperado alrededor de 2 mil millones de pesos.

Mayoría de irregularidades en estados y municipios

Según el reporte, la mayor parte de las observaciones —más del 90%— corresponde al gasto federalizado, es decir, recursos transferidos por la Federación a estados y municipios. En muchos casos, la auditoría detectó falta de documentación comprobatoria, pagos sin respaldo suficiente o inconsistencias administrativas.

Este punto ha generado debate público, ya que la concentración de montos observados en entidades subnacionales ha sido utilizada tanto por legisladores oficialistas como de oposición para sostener posturas encontradas sobre la responsabilidad política de las irregularidades.

Dependencias federales también bajo revisión

El informe también incluye observaciones en dependencias y empresas productivas del Estado, entre ellas Petróleos Mexicanos (Pemex), así como la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y otras entidades del sector salud y educativo.

En el caso de Pemex, se reportaron montos relevantes por aclarar relacionados con contratos y ejecución de proyectos, mientras que en otras dependencias las observaciones se vinculan principalmente con procesos administrativos y comprobación de gastos.

Proceso de aclaración y posibles sanciones

El auditor superior, David Colmenares Páramo, explicó que las entidades fiscalizadas cuentan con plazos legales para presentar documentación y solventar las observaciones. En caso de no hacerlo, la ASF puede promover acciones resarcitorias, administrativas o incluso denuncias penales.

Especialistas en fiscalización pública han señalado que el monto total observado es significativo; sin embargo, recordaron que históricamente una parte importante de las observaciones suele solventarse durante el proceso de revisión.

Debate político

La publicación del informe ocurre en un contexto de transición política tras el cierre del sexenio de López Obrador. Mientras legisladores de oposición han pedido acelerar investigaciones y deslindar responsabilidades, integrantes del partido gobernante han subrayado que las cifras corresponden en su mayoría a recursos ejercidos por gobiernos locales.

El proceso de fiscalización continuará en los próximos meses, conforme las dependencias y entidades auditadas respondan a los requerimientos de la ASF.