Casi 465 millones para comunicación: ¿qué medios reciben publicidad del Gobierno de Clara Brugada?
- Acceso Noticias
- hace 11 minutos
- 4 min de lectura
Ciudad de México.— El Gobierno de Clara Brugada tiene para 2026 una bolsa de aproximadamente 464.8 millones de pesos destinada a Servicios de Comunicación Social y Publicidad, un monto que vuelve a poner bajo la lupa la relación entre el poder público y los medios de comunicación.
La cifra representa alrededor de 1.27 millones de pesos diarios si se distribuyera de manera uniforme durante todo el año. No significa que esa cantidad se entregue diariamente a los medios, pero sí dimensiona el tamaño de los recursos públicos disponibles para comunicación gubernamental.
La pregunta es inevitable: ¿quiénes reciben ese dinero y bajo qué criterios?
Documentos de transparencia del Gobierno capitalino muestran contratos con Televisa S. de R.L. de C.V. para la creación y difusión de espacios publicitarios en medios masivos e internet. Uno de los documentos oficiales registra, por ejemplo, una orden de inserción dentro de un contrato de 2025 para difundir programas, acciones y servicios de la Ciudad de México.
Es decir, mientras el debate nacional cuestionaba la relación entre los gobiernos de Morena y los grandes grupos televisivos, la administración capitalina continuaba destinando recursos a espacios publicitarios de estas empresas.
SinEmbargo también recibió recursos
Otro caso que llama la atención es el portal SinEmbargo.
Una revisión de contratos publicada en 2026 señala que el medio recibió 2 millones de pesos del Gobierno de Clara Brugada durante 2025 por concepto de publicidad.
El dato forma parte de un análisis más amplio según el cual SinEmbargo obtuvo aproximadamente 21.4 millones de pesos en contratos de publicidad oficial durante 2025, sumando recursos provenientes de distintas dependencias y gobiernos.
Esto resulta relevante porque SinEmbargo es uno de los portales digitales que con mayor frecuencia ha mantenido una línea editorial favorable a la llamada Cuarta Transformación.
Recibir publicidad oficial no demuestra por sí mismo que un medio sea comprado o que sus contenidos sean falsos, pero sí plantea una pregunta legítima sobre la independencia económica de los medios cuando una parte importante de sus ingresos proviene de instituciones gubernamentales.
La Jornada, El Universal, Milenio y Excélsior
La relación entre el Gobierno capitalino y los medios tradicionales tampoco es nueva.
Una investigación sobre la publicidad oficial de la Ciudad de México documentó que entre 2019 y 2023 La Jornada acumuló alrededor de 114 millones de pesos, mientras que El Universal recibió cerca de 45 millones; Milenio Diario, 14 millones, y Excélsior, aproximadamente 12.8 millones de pesos.
La misma investigación señaló que El Heraldo de México y Diario Basta! también habían recibido recursos públicos durante administraciones anteriores, aunque en determinados ejercicios los contratos no habían sido publicados con la misma claridad.
El dato resulta importante porque muestra que la publicidad oficial no se limita a los grandes consorcios televisivos: también existe un importante flujo de recursos hacia periódicos y portales digitales.
¿Y qué pasa con los medios digitales?
Aquí aparece otro de los puntos más polémicos.
Una investigación documentó que Cacomixtle Medios Digitales, empresa relacionada con portales como Gurú Político y Noticias ZMG, acumuló alrededor de 18.7 millones de pesos en contratos del Gobierno de la Ciudad de México entre 2019 y 2023.
El caso generó cuestionamientos debido a la línea editorial de algunos de esos portales y a su cercanía con posiciones políticas de Morena.
El Gobierno capitalino, en su momento, rechazó que esos contratos tuvieran como finalidad pagar a empresas para promocionar funcionarios y sostuvo que correspondían a servicios de comunicación.
Por eso, el punto central no debería ser simplemente cuánto dinero recibe un medio, sino qué servicio está pagando el gobierno, qué audiencia tiene ese medio y cómo se determinó el precio.
¿Cuántos seguidores tienen realmente?
Ese es precisamente uno de los aspectos que debería transparentarse.
Un medio puede presumir millones de seguidores en Facebook, X, YouTube o TikTok, pero tener seguidores no significa necesariamente tener audiencia efectiva.
Para justificar millones de pesos de publicidad oficial deberían poder comprobarse, entre otros elementos:
Número de usuarios realmente alcanzados.
Reproducciones verificables.
Visitas al sitio web.
Tiempo de permanencia.
Alcance geográfico.
Audiencia efectiva de cada campaña.
Número de publicaciones o inserciones contratadas.
Costo por cada mil personas alcanzadas.
Resultados concretos de la campaña.
De lo contrario, existe el riesgo de que el dinero público termine favoreciendo a medios que tienen una enorme presencia política o digital, pero cuya audiencia real no necesariamente corresponde con las cifras que publicitan.
El verdadero problema: la dependencia económica
La publicidad oficial puede ser legítima cuando sirve para informar a la población sobre programas, servicios, campañas de salud, seguridad, movilidad o emergencias.
El problema aparece cuando los criterios de asignación no son transparentes o parecen favorecer de manera sistemática a determinados medios.
Porque un medio que depende económicamente de contratos gubernamentales puede encontrarse ante un evidente conflicto de interés: ¿qué ocurre cuando debe investigar o criticar precisamente al gobierno que representa una fuente importante de sus ingresos?
Y esa pregunta vale tanto para los medios abiertamente favorables a Morena como para aquellos que mantienen una línea editorial crítica.
La publicidad oficial debería distribuirse con criterios objetivos y comprobables, no con base en simpatías políticas.
Casi 465 millones bajo la lupa
Para 2026, el Gobierno de la Ciudad de México dispone de 464.8 millones de pesos para comunicación social y publicidad.
El monto es suficientemente grande para exigir una radiografía completa.
La administración de Clara Brugada debería publicar de manera sencilla y accesible:
qué medio recibió dinero, cuánto recibió, qué contrato firmó, qué campaña difundió, cuántas personas alcanzó y cuánto costó cada impacto publicitario.
Porque los recursos no pertenecen al gobierno ni a los medios.
Son recursos de los habitantes de la Ciudad de México.
Y si casi 465 millones de pesos están destinados a comunicación, los ciudadanos tienen derecho a saber exactamente quién está cobrando, cuánto está cobrando y qué está entregando a cambio.
La discusión no debería ser si un medio es de izquierda, derecha, oficialista o crítico.
La pregunta debería ser mucho más sencilla:
Comentarios