Congreso de Veracruz retira fuero a dos alcaldes de Movimiento Ciudadano tras acusaciones de la Fiscalía

XALAPA, VERACRUZ.— En una decisión sin precedentes dentro de la actual legislatura local, el Congreso del Estado de Veracruz aprobó este jueves la declaración de procedencia para retirar el fuero constitucional a dos presidentes municipales pertenecientes a la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), abriendo la puerta a su inmediata detención por parte de las autoridades ministeriales.

Los ediles sobre quienes recae la medida son Raúl González Martínez, alcalde de Ixhuatlán del Sureste, y Bertín Bravo Montero, presidente municipal de Úrsulo Galván. Ambos funcionarios enfrentan señalamientos de extrema gravedad presentados por la Fiscalía General del Estado (FGE).

En el caso de González Martínez, la representación social lo investiga como presunto autor intelectual de la privación de la libertad y posterior homicidio de la periodista Roxana Guzmán Ramírez. Por su parte, Bravo Montero es señalado por su presunta participación en la desaparición forzada del empresario Héctor Ramos y su escolta, Ignacio López.

Tras avalarse la pérdida de inmunidad procesal en el pleno legislativo, la FGE cuenta con vía libre para solicitar y ejecutar las órdenes de aprehensión correspondientes ante un juez de control.

Tensión política y señalamientos cruzados

La determinación parlamentaria detonó una inmediata confrontación política. La dirigencia estatal y nacional de Movimiento Ciudadano acusó que el procedimiento responde a una cacería y persecución política orquestada desde el Ejecutivo estatal para desestabilizar al partido en la entidad.

Entretanto, las defensas legales de ambos alcaldes argumentan inconsistencias graves en los expedientes. El equipo jurídico de González Martínez sostuvo que las pruebas presentadas se basan en testimonios frágiles e incluso en material digital presuntamente manipulado con inteligencia artificial.

Se prevé que durante las próximas horas la defensa de los munícipes promueva juicios de amparo ante la justicia federal para frenar cualquier mandamiento de captura, mientras las fuerzas de seguridad estatales mantienen operativos preventivos en los municipios involucrados.