Programas sociales de Hidalgo, bajo cuestionamientos: beneficiarios reclaman apoyos y piden intervención de Contraloría.
Pachuca, Hidalgo.— Los programas sociales que el Gobierno de Hidalgo ha presentado como una de sus principales políticas para atender a sectores vulnerables enfrentan cuestionamientos de beneficiarios por retrasos, falta de información y diferencias entre los montos anunciados y los recursos recibidos.
En el centro de los señalamientos se encuentra la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social (SEBISO), encabezada por Ricardo Gómez Moreno, cuyo desempeño ha sido cuestionado por beneficiarios que, a través de redes sociales, reclaman respuestas sobre sus apoyos y aseguran recibir únicamente largas ante sus solicitudes de información.
Los programas señalados son Apoyo para el Bienestar y el Desarrollo, Bienestar de Madres Trabajadoras, Bienestar de Personas Cuidadoras de Personas con Discapacidad y Desarrollo Inclusivo. La propia SEBISO mantiene para 2026 las reglas de operación de estos cuatro programas y publicó sus respectivas convocatorias.
El problema radica en que, pese a que existen convocatorias y procesos de incorporación, beneficiarios han denunciado retrasos en la entrega de los recursos y falta de claridad respecto de las fechas de pago.
Convocatorias nuevas mientras persisten reclamos anteriores
La situación genera todavía más dudas debido a que durante 2026 la SEBISO continuó publicando convocatorias y procesos de incorporación para nuevos beneficiarios.
Por ejemplo, el programa Apoyo para el Bienestar y el Desarrollo contempla como población objetivo a personas de entre 30 y 64 años que se encuentren en situación de pobreza o vulnerabilidad. Para 2026, la propia dependencia mantiene publicada la convocatoria correspondiente al mes de marzo.
Asimismo, las reglas de operación 2026 contemplan los programas de Madres Trabajadoras, Personas Cuidadoras y Desarrollo Inclusivo, además de Apoyo para el Bienestar y el Desarrollo.
Mientras se abren nuevas convocatorias, beneficiarios de ejercicios anteriores y del propio ejercicio 2026 han recurrido a las redes sociales para preguntar cuándo recibirán sus apoyos y por qué los tiempos anunciados no coinciden con la entrega efectiva.
La propia SEBISO tuvo que realizar operativos posteriores para entregar tarjetas a personas beneficiarias que todavía no contaban con ellas. En julio de 2026, por ejemplo, la Contraloría estatal participó en la supervisión de la entrega de tarjetas de Bienestar y Desarrollo y Madres Trabajadoras en Tepehuacán de Guerrero. En esa jornada se reportó que 514 personas recibieron el beneficio de Bienestar y Desarrollo, con una inversión de 5 millones 140 mil pesos.
Esto demuestra que sí existen entregas de recursos, pero también evidencia que el proceso de incorporación, entrega de tarjetas y dispersión no ha sido uniforme para todos los beneficiarios.
El desempeño de Ricardo Gómez Moreno, bajo escrutinio
Ricardo Gómez Moreno aparece actualmente como titular de la SEBISO y entre sus responsabilidades se encuentra coordinar, ejecutar, evaluar y dar seguimiento a la política estatal de desarrollo social.
Por ello, los retrasos, la falta de información y los reclamos de beneficiarios recaen directamente sobre la dependencia que encabeza.
El cuestionamiento no se limita a que una persona haya recibido tarde una tarjeta o un depósito. El punto central es qué tan eficaz está siendo la Secretaría para cumplir con los tiempos establecidos, informar a los beneficiarios y garantizar que los recursos lleguen completos y oportunamente.
El propio Gobierno de Hidalgo informó en julio de 2026 que este año los programas sociales tendrían una inversión cercana a 4 mil 900 millones de pesos, mientras que SEBISO señaló que los cuatro programas entregados en esa primera etapa representaban una inversión superior a 519 millones de pesos.
Con cantidades de ese tamaño, los beneficiarios tienen derecho a conocer con precisión cuánto dinero fue autorizado, cuánto se comprometió, cuánto se pagó, cuánto continúa pendiente y a quiénes se entregaron los recursos.
Desarrollo Inclusivo y el antecedente de los 19 mil pesos
Uno de los antecedentes que también merece ser revisado corresponde al programa Desarrollo Inclusivo de 2025.
Beneficiarios denunciaron públicamente que, aunque la convocatoria establecía un apoyo de 20 mil pesos, finalmente recibieron 19 mil pesos.
La diferencia de mil pesos fue cuestionada por algunos beneficiarios, quienes incluso utilizaron el término “moche” para referirse a la cantidad que no recibieron.
Aun así, la diferencia entre el monto anunciado y el efectivamente recibido constituye un asunto que merece transparencia, particularmente porque en las reglas de operación de Desarrollo Inclusivo 2026 nuevamente se contemplan apoyos de hasta 20 mil pesos.
La Contraloría debe revisar la ejecución de los recursos
Ante este panorama, la responsabilidad de revisar que los recursos públicos se estén utilizando conforme a las reglas de operación no corresponde únicamente a SEBISO.
La Secretaría de Contraloría de Hidalgo, encabezada por Álvaro Bardales Ramírez, tiene entre sus funciones la vigilancia y control de la actuación de las dependencias estatales. Bardales ha señalado públicamente que la instrucción de la administración estatal es que no exista ningún peso público destinado a actos de corrupción.
Además, las propias reglas de operación de los programas de SEBISO contemplan mecanismos de control, supervisión y evaluación, así como la participación de la Secretaría de Contraloría en la coordinación institucional.
Por ello, ante los reclamos de beneficiarios, la Contraloría debería transparentar si ha realizado revisiones específicas sobre la ejecución de estos cuatro programas y, en su caso, informar cuáles fueron sus resultados.
La revisión tendría que responder, entre otras, preguntas básicas:
¿Cuánto presupuesto fue autorizado para cada programa?
¿Cuánto se ejerció realmente?
¿Cuánto dinero permanece pendiente de dispersar?
¿Cuántos beneficiarios fueron aprobados?
¿Cuántos recibieron efectivamente el recurso?
¿En qué fechas se realizaron los depósitos?
¿Existieron diferencias entre los montos establecidos en las convocatorias y los finalmente entregados?
¿Qué ocurrió con los recursos que no fueron ejercidos durante los periodos reportados?
¿Existen quejas formales por retrasos, cobros o diferencias en los apoyos?
¿La Contraloría ha iniciado alguna revisión o investigación derivada de estos señalamientos?
Más transparencia, menos respuestas pendientes
El Gobierno de Julio Menchaca ha colocado a los programas sociales entre las principales acciones de su administración y ha presumido un crecimiento considerable del presupuesto destinado a este rubro.
Precisamente por ello, la ejecución de esos recursos debe estar acompañada de información pública clara y verificable.
Los beneficiarios no solamente necesitan convocatorias y anuncios. Necesitan saber cuándo recibirán el dinero que les corresponde, cuánto se les entregará y qué ocurre cuando existen retrasos o diferencias.
Mientras Ricardo Gómez Moreno permanece al frente de SEBISO y la dependencia continúa anunciando programas y convocatorias, los cuestionamientos de beneficiarios colocan bajo escrutinio la capacidad de la Secretaría para ejecutar oportunamente los recursos.
Y ante cualquier duda sobre el destino, aplicación o entrega de dinero público, la última palabra no debería quedar en redes sociales ni en respuestas administrativas: corresponde a los órganos de control revisar los expedientes, los padrones, las transferencias y la comprobación del gasto.
En este caso, la responsabilidad de Álvaro Bardales y de la Secretaría de Contraloría de Hidalgo es fundamental para determinar si la ejecución de los programas se realizó conforme a las reglas y, si existieron irregularidades, establecer las responsabilidades correspondientes.
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