INE sin aclarar 66 millones, compras y arrendamientos bajo la lupa

Ciudad de México. — La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó posibles irregularidades por 66 millones 563 mil pesos en el Instituto Nacional Electoral (INE), derivadas de la revisión de la Cuenta Pública 2024, en pleno proceso electoral federal y en el contexto de la inédita elección judicial.

De acuerdo con la auditoría forense, 63.2 millones de pesos corresponden a pagos relacionados con la impresión, producción y distribución de materiales para simulacros de capacitación electoral, contratados con una empresa privada, sin que —según el órgano fiscalizador— exista la totalidad de la documentación que acredite la correcta prestación del servicio conforme a lo pactado.

Además, la ASF observó 2.2 millones de pesos por el uso de vehículos arrendados que habrían sido destinados a fines distintos a los autorizados para módulos de atención ciudadana, acumulando más de dos mil días de renta bajo revisión.

Taddei en el centro del debate

Las observaciones colocan bajo escrutinio a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, en un momento clave para la credibilidad institucional del organismo electoral.

La ASF aclaró que los montos señalados no constituyen desvíos definitivos, sino recursos que deben ser aclarados, justificados o, en su caso, reintegrados. El INE cuenta con plazos legales para solventar las observaciones mediante la entrega de documentación comprobatoria.

Un contexto político sensible

El señalamiento se da tras la elección federal más grande en la historia reciente del país y en medio de la reorganización institucional que implicó la elección de integrantes del Poder Judicial. Legisladores de oposición han exigido transparencia total en los contratos y gastos vinculados al proceso electoral, mientras que voces afines al instituto sostienen que se trata de observaciones administrativas que pueden ser solventadas.

La Tercera Entrega de la Cuenta Pública 2024 incluye también revisiones a otros organismos autónomos, en un cierre de sexenio marcado por un escrutinio intenso del gasto público.

El desenlace dependerá de si el INE logra aclarar la totalidad de los recursos observados o si la ASF promueve acciones resarcitorias, administrativas o penales.